Ley de Zonas Francas

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LEY DE ZONAS FRANCAS Ley Nº 15.921

El régimen de zonas francas se encuentra regulado por la Ley Nº 15.921, sus modificativas, el Dec. reglamentario Nº 454/988 y demás normas que dan sustento a las exoneraciones y beneficios tributarios establecidos por el régimen. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º de la Ley Nº 15.921, estos beneficios y/o exoneraciones, franquicias y derechos concedidos a los usuarios, están condicionados al cumplimiento de ciertos objetivos. Estos son: la promoción de inversiones, la expansión de las exportaciones, el incremento de la utilización de mano de obra nacional y la incentivación de la integración económica internacional.

Dado que se ha constatado que ante el Área Zonas Francas (AZF) de la Dirección General de Comercio (DGC) se han formalizado solicitudes de aprobación de contratos de usuario por parte de empresas de cuyos Planes de Negocios no surge en forma clara que la ejecución de los mismos tienda al cumplimiento de los objetivos establecidos por Ley Nº 15.921, se considera pertinente establecer las condiciones mínimas que deben cumplir los proyectos para la autorización de los contratos. Es entonces en este marco que el 25/11/2010 se aprueba el Decreto Nº 344/010 y adicionalmente el 16/02//2011 el Poder Ejecutivo emite el Decreto Nº 72/011 modificando algunas disposiciones referentes a los plazos de los contratos de usuario establecidos en aquel.


LEY DE ZONAS FRANCAS
Ley 15.921.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General


DECRETAN:


CAPITULO I

Disposiciones Generales


Artículo 1º.- Declárase de Interés Nacional la promoción y desarrollo de las zonas francas, con los objetivos de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional.


Artículo 2º.- Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y aisladas eficientemente, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas, con el fin de que se desarrollen en ellas con las exenciones tributarias y demás beneficios que se detallan en esta ley, toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios y entre ellas:

  • A) Comercialización, depósito, almacenamiento, acondicionamiento, selección, clasificación, fraccionamiento, armado, desarmado, manipulación o mezcla de mercancías o materias primas de procedencia extranjera o nacional.
  • B) Instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles.
  • C) Prestación de servicios financieros, de informática, reparaciones y mantenimiento, profesionales y otros que se requieran para el mejor funcionamiento de las actividades instaladas y la venta de dichos servicios a terceros países.
  • D) Otras que a juicio del Poder Ejecutivo resultaren beneficiosas para la economía nacional o para la integración económica y social de los Estados.
El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias a los efectos de que estas actividades no perjudiquen la capacidad exportadora de las industrias ya instaladas en zonas no franca.


Artículo 3º.- Declárase de utilidad pública la expropiación de los inmuebles de propiedad privada para el establecimiento de las zonas francas y sus accesos.

Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar inmuebles del dominio fiscal del Estado por inmuebles de propiedad municipal o de otras personas públicas estatales que sean adecuados para el establecimiento y acceso de las zonas francas o para ampliación de las ya existentes.


Artículo 4º.- Solamente podrán habitar dentro de las zonas francas las personas destinadas a la vigilancia y al mantenimiento de los servicios necesarios a las actividades allí desarrolladas y los funcionarios que determine por su parte el Poder Ejecutivo.

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